La decisión del Gobierno a la ley 30 del 1992 en los aspectos relacionados con la financiación de la universidades públicas. Sin duda, el problema del financiamiento requiere un reordenamiento del fondo, no solo en los sentidos de los recursos disponibles si no el ser un aspecto fundamental de la política de educación superior. La situación crítica de los presupuestos de las universidades estatales se habría presentado mucho antes. Pero los gobiernos no han estado preocupados por el déficit acumulado sino por la rigidez y la autonomía en el manejo de estos recursos. Ya de por sí esto tiene una carga problemática, pues la connotación de servicio convierte en transable a un Bien Público que es un derecho reconocido en la constitución como fundamental para todo ciudadano. Ahora bien, se debe comprender que la propuesta de reforma muestra unos antecedentes, unos referentes, ejemplos y estadísticas que se corresponden con lo que persigue Desde luego, existen supuestos discutibles, relacionados con mayores y mejores oportunidades para la juventud colombiana. El problema es el cómo se hacen y desde la perspectiva neoliberal la esperanza es sólo la rentabilidad que los inversionistas pretenden lograr, no que nuestra juventud sea más crítica, reflexiva o que viva mejor gracias a su formación integral.
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